- "Esta valorización se ha convertido en una novela
en la que el Concejo y la Alcaldía son antagonistas, y mientras se desarrolla la trama,
la ciudadanía se convierte en un hijo que nadie quiere reconocer".
¿Al fin qué? ¿Nos toca pagar la
valorización? ¿Cuánto pago? ¿Qué obras construirán con mi
dinero? Esas son las preguntas que día a día los ciudadanos de Bogotá se hacen
con respecto a la valorización. Preguntas que hoy siguen sin respuestas.
En estas sesiones extras que irán
hasta el próximo 30 de abril, el Concejo discute dos proyectos de acuerdo
trascendentales para la ciudad: valorización y cupo de endeudamiento. Con el
cupo de endeudamiento, la alcaldía recibiría una autorización para pedir un
crédito a la banca, y a través de estos recursos que se pagarían durante 20 años con
impuestos corrientes de todos los bogotanos, se construirían los proyectos. La valorización
ha sido un instrumento fundamental para la financiación de obras públicas.
Aplicado desde los años veinte del siglo pasado, gracias a la contribución que
hacen los propietarios de inmuebles por la construcción de una obra específica,
la ciudad provee una mejor infraestructura, y los contribuyentes ven valorizados
sus predios por efecto de las obras.
Dos proyectos distintos, aunque interdependientes
por la más reciente propuesta de la alcaldía (cero y van tres desde septiembre
de 2012) que busca dejar sin efectos al Acuerdo 180 en el que se ordenó desde el
año 2005 cobrar a los 1.500.000 contribuyentes 850.000 millones de pesos, y con
esto financiar la construcción de 45 obras; 11 vías, 4 intersecciones, 9
puentes peatonales, 10 andenes y 11 parques repartidos por toda la ciudad.
La actual propuesta no se pagaría
por valorización, sería a través de endeudamiento e incluye la construcción de
15 obras, 8 vías, 5 puentes peatonales y 2 intersecciones. La primera crítica
es la exclusión de todos los parques, todos los andenes y solo sobrevivirían los
puentes peatonales que se construirían sobre la Avenida Boyacá. Como aspecto
positivo destaco que la Alcaldía Mayor propone generar corredores de movilidad completos
en el occidente de la ciudad, cambiando el esquema de una inequitativa carga de
infraestructura que históricamente ha premiado al borde oriental. Sin embargo
esto pasa por adelantar obras programadas para construirse en el futuro (grupos
3 y 4 –años 2014 y 2016-) pero la situación cambia cuando se entiende que esos adelantos (sobre todo el grupo
4) incluye obras sin estudios de factibilidad y de las que no se conoce su
valor real. Y en otros casos como la Avenida Ciudad de Cali entre Avenidas Bosa
y San Bernardino, en la localidad de Bosa, se propone la construcción de la mitad
de los carriles que se deberían hacer, postergando por décadas su finalización.
El panorama no es para nada
alentador, con un aplazamiento de pago (la primera fecha se fijó para el 29 de
abril y la segunda para el 30 de julio) para dar espacio a los debates que
corregirían los problemas que originaron las protestas ciudadanas, no es mucho
en lo que se ha avanzado. Los tiempos vuelven a jugar en contra; recordemos que
solo quedan algunos días para que el Concejo decida en primer debate sobre el
nuevo proyecto presentado por la Alcaldía. En el más optimista de los
escenarios para la administración, de la comisión de hacienda saldrá nuevamente
un proyecto aprobado en primer debate y luego ser discutido en plenaria. Esa discusión
será especialmente compleja porque el pasado 11 de marzo la misma comisión ya
aprobó otro proyecto de acuerdo que buscaba exactamente lo mismo, lo
sorprendente es que tienen contenidos diametralmente opuestos, pues con uno se mantienen las obras y el cobro original, y con el otro se modifica el plan de obras y se financian con el endeudamiento. Esto enreda
más la pita, porque para efectos prácticos por la diferencia entre proyectos,
el debate de fondo empezará de ceros.
Más allá del tedioso pero
importante trámite, lo que importa al fin y al cabo es conocer con prontitud,
las decisiones de fondo que Concejo y Alcaldía adeudan a la ciudadanía. Si se aprueba
tal como está la última propuesta del gobierno, bajo la administración Petro
no se harían cobros de valorización, pero no nos digamos mentiras, las obras
(las que acertadamente propone el IDU, y otras que inconvenientemente elimina)
son necesarias, y es la valorización el instrumento indicado para financiarlas.
Las protestas, algunas justas, otras magnificadas, pero siempre válidas no
alcanzaron a ser el 5% del total de las facturas entregadas; por eso en su momento, en este
mismo blog pedimos que
cada protesta y cada reclamación fueran atendidas y solucionadas
diligentemente, pero que se siguiera con el recaudo de los contribuyentes (el 95%
restante) a quienes no se les presentó ningún problema con la valorización.
Digámoslo con claridad, cobrar impuestos ha sido, es y será impopular, y más si
en este caso se suma con el predial y el de vehículos. Pero gracias a esos
impuestos se construyen las obras en Bogotá, y lejos de verse una solución que
no ponga en riesgo la cultura de pago de los bogotanos, esta valorización se ha
convertido en una novela en la que el Concejo y la Alcaldía son antagonistas, y
mientras se desarrolla la trama, la ciudadanía se convierte en un hijo que
nadie quiere reconocer.
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