Mi postura política y ciudadana sobre el proyecto de valorización

Nuestra tarea -del alcalde Petro y del Concejo- es corregir los errores que encontramos, no agrandarlos, ni mantenerlos.

Esta semana -4 al 10 de marzo- es decisiva para la valorización en Bogotá. Gracias a este imperfecto instrumento se ha logrado construir gran parte de la infraestructura que hoy disfrutamos. Digo imperfecto porque, a pesar de tener más ventajas que defectos, los defectos importan. Impacta el bolsillo de todos los ciudadanos, principalmente el de  los sectores de menos ingresos. Y lo que es más grave, como se paga por distancia –cercanía relativa a las obras por financiar- se inhibe el desarrollo de obras en los sectores sin capacidad de pago.

Insistiré en la propuesta que hice en este mismo blog hace algunos días, y que resumo así:

●       Fortalezcamos la capacidad institucional del IDU para que se atiendan a tiempo, eficazmente, y sobre todo satisfactoriamente las reclamaciones de aquellos quienes están perjudicados.

●       Reformemos el estatuto general de la valorización por ser una norma desactualizada que promueve la inequidad en la distribución de las inversiones para infraestructura, y permite confusiones técnicas y normativas profundas

●       Retiremos del cobro que actualmente hace el IDU por obras que no han sido estudiadas ni siquiera en etapa de factibilidad, no permitamos que se cobre para hacer estudios, diseños, y se compren predios de unas obras ‘pensadas’  en el 2005 pero que nadie sabe de dónde va a salir la plata para su construcción. Esto así, ya, en términos concretos pasa por hacer una reducción efectiva del 48% de los pagos que la ciudadanía debería hacer.

Ahora, es un círculo vicioso: en nuestra desigual ciudad, los pobres viven en zonas sin infraestructura y construirla es difícil porque faltan recursos. Los ciudadanos de Bosa, Engativá y algunos barrios de Suba esperan soluciones prontas y eficientes a los cobros excesivos o inequitativos diseñados en el año 2005 en conjunto por el gobierno y el Concejo de la época, y ampliamente publicitados por los medios de comunicación y varios políticos en campaña. Hasta hoy, 430 mil contribuyentes han pagado casi 132 mil millones que representan casi el 15% del total del recaudo, y se han recibido unas 28  mil quejas, menos del 2% del total de los contribuyentes.

Las principales quejas muestran inconvenientes técnicos por la fórmula matemática que asigna el cobro, o económicos con respecto a la capacidad – o incapacidad, mejor-  de pago de muchas personas de todos los estratos sociales. Y eso que aún no hay conciencia colectiva ni mediática por lo que se viene: la acumulación con otros pagos que por valorización deben facturarse en septiembre por POZ norte y el próximo año por el mismo acuerdo del 2005. Este incendio es el que tenemos que apagar y corregir de fondo para que no se repita cíclicamente el rechazo y malestar social que produjo el cobro iniciado en enero de este año.

Son tres tareas urgentes que debemos resolver: 1) revisar y modificar esas reglas generales establecidas en el estatuto general de valorización –acuerdo 7 de 1987–; 2) retirar cobros por 420 mil millones para el POZ Norte; 3)  excluir otras obras de las que aún no se tiene factibilidad técnica o financiera –Grupo 3, Fases II y III– y que costarían cerca de 1.4 billones.

Ante el reto pendiente, sorprende el proyecto que presentó hace algunos días al Concejo el gobierno de Petro porque no se limitó a abordar esta problemática. Muchos dirán que es una jugada audaz porque a partir de la coyuntura no se limita a ‘apagar el incendio’ de hoy, sino que busca financiación para proyectos de ciudad que para esta administración resultan prioritarios y se aventuró a hacer las siguientes propuestas:

●       Modificar el plan de obras original para incluir la construcción de siete cruces a desnivel (subterráneos, o mencionados estos días como “deprimidos”) en la Avenida Caracas a través de valorización por beneficio local.

●       Destinar la valorización para financiar el mantenimiento de vías en Usaquén, Chapinero y Puente Aranda, y

●       Amarrar la construcción de los proyectos ya diseñados y con predios adquiridos –que además son por los que hoy principalmente se le está cobrando a la ciudadanía–, ya no a la valorización, sino a un crédito que desde el año pasado pide el gobierno de Bogotá, pero que el concejo en su contra ha rechazado.

●       Dejar los mismos 2 billones en recaudo pero ya no diferidos para el 2014 y 2016, sino redistribuidos entre las localidades con mayor capacidad de pago, principalmente recargando a Chapinero, y hacerlos efectivos durante el segundo semestre de 2013.

¿Cuáles son los problemas?

1.         La valorización se gestiona a través de dos formas; por beneficio local cuando los proyectos a construir no benefician a toda la ciudad sino a localidades específicas, y por beneficio general cuando el impacto de las obras es tal, que se beneficia a toda la ciudad en su conjunto, y justo este tema es el que hoy aviva el debate entre concejo y la administración.

Es necio decir que la Caracas no es un corredor estratégico para la movilidad de la ciudad. Es más, es la columna vertebral de la movilidad, por ella se mueven al menos 1 millón de personas en transporte público sin contar los viajes que se hacen en transporte privado individual, taxis y de carga. No en vano la historia del desarrollo vial en Bogotá ha basado en la Caracas sus más importantes avances. El magnífico proyecto de Karl Brunner en 1933, incluso el desafortunado intento de Andrés Pastrana en 1989, y la aparición de TransMilenio durante la alcaldía de Peñalosa buscaron lo obvio; atender de forma organizada y eficiente la mayor demanda de transporte público a nivel metropolitano.

La propuesta del alcalde es incluir la construcción de pasos deprimidos a través de la figura de valorización por beneficio local, queriendo decir que las localidades vecinas al corredor: Chapinero, Santafé, Teusaquillo, Barrios Unidos, Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe las pagarían, excluyendo predios de alta productividad económica, asociados principalmente a la industria y a la construcción. En la superficie se generarían atractivos y necesarios espacios públicos, especialmente peatonales y para bicicletas –hay que decirlo claramente, estas magníficas obras no serían financiadas a través de valorización, la alcaldía aún estudia de donde saldrán los recursos para ello–, pero no olvidemos que estos sectores son de concentración metropolitana y no de beneficio barrial. Preliminarmente la obra asciende a 1 billón de pesos y beneficia todo el sistema de transporte, por eso es de beneficio general y es esa la forma en que debe ser financiada. Podría acudirse a fuentes alternativas como el escaso presupuesto distrital, o incluso con crédito.

2. ¿El mantenimiento vial valoriza o no un predio? Sabemos que el mantenimiento de vías nunca podrá ser financiado exclusivamente con recursos ordinarios, al ritmo de inversión posible hoy en día, congelando el deterioro vial tardaríamos 100 años, un siglo en arreglarla pero ¿es la valorización el instrumento indicado para esto? ¡Ahí está el debate, y no es superficial! Nada prohíbe usar este instrumento, pero ¿qué piensa la comunidad sobre este tema? Extraña que en una administración que ha priorizado recursos para infraestructura peatonal, no se incluyan los andenes del listado de vías propuestas, y se insista en mayor inversión para carriles de carros.

3. Gran apuesta hace la alcaldía en el sentido de querer cambiar la financiación ya asegurada por valorización para la construcción de 47 proyectos; 13 vías, 4 intersecciones, 9 puentes peatonales, 10 andenes y 11 parques, a un nuevo esquema de financiación que pasa por que el Concejo de Bogotá autorice al alcalde a endeudar a la ciudad por una cifra cercana a los 4.3 billones de pesos.

De ahí ‘sólo’ se necesitan 400 mil millones para estos 47 proyectos, pero con esta movida Petro asegura la financiación de otros proyectos para la movilidad como los cables, la participación pública del metro ligero, o la construcción de un proyecto muy interesante llamado Redes Ambientales Peatonales Seguras –RAPS–  que busca construir 10 entramados peatonales en las zonas que hoy tienen demandas apremiantes de andenes, ciclorrutas y paseos peatonales entre otros. El reto aquí es que el Concejo y Alcalde acordemos el monto del endeudamiento y la priorización de los proyectos, tarea que todos sabemos complicada por el clima político y de oposición mayoritaria. Y que en cualquier caso, desborda el proyecto de valorización y no puede despacharse en los cinco días que la coyuntura permite para este proyecto.

4. La fórmula con la que hoy se cobra contempla 5 variables: distancia en línea recta desde el predio contribuyente a la obra que se va a construir, estrato socio-económico, área del predio contribuyente, uso del suelo, los pisos construidos en el inmueble, y el valor del suelo. En parte la aplicación de esta compleja fórmula es la que ha originado las reclamaciones que hoy se hacen, y en respuesta la administración propone simplificarla a solo dos variables; distancia a la obra y valor del predio.

Lo complejo es que en ese válido y necesario afán de facilitarles la vida a los contribuyentes: de una parte, algunos propietarios podrían pasar de agache y dejar de contribuir; de otra, predios realmente cercanos a las obras pero con dificultades de accesibilidad a ellas por infraestructuras urbanas o accidentes geográficos pagarían más de lo que pareciera justo.

Me explico:

Lotes de engorde, grandes extensiones de suelo repartidas en las localidades de borde pagarían muy poco por valorización al estar asociados a la nueva fórmula propuesta, debido a que por ahora su avalúo no es muy alto, sin embargo, este tipo de predios son los que más se valorizan a propósito de las intervenciones que otros están pagando. Se les sirve en bandeja la posibilidad de pagar muy poco o simplemente no pagar. Estos casos no son muchos.

Y esa misma simplificación podría impactar las finanzas de predios de más 80 millones en barrios como San Luis, Pardo Rubio o Juan XXIII en Chapinero que deberán cofinanciar el mantenimiento vial de varias calles cercanas, pero algunas de difícil accesibilidad por tener la circunvalar atravesada.

Otros propietarios que podrían brincar de la dicha con el cambio de esquema serán los de las industrias. Al cambiar el listado de obras, y por ende las zonas de influencia, se excluyen zonas altamente productivas relacionadas con la minería, el comercio y el tabaco por citar solo algunos ejemplos. Esperamos que los técnicos encargados del asunto resuelvan las inequidades de fondo.

5. Por último, y de lejos lo más sensible para gran parte de los ciudadanos es el cobro. Con el acuerdo 180 se cobraban 2 billones, cifra casi idéntica a lo que se cobraría de ser aceptada por el Concejo la propuesta de Petro. La diferencia es que ya no son los mismos contribuyentes. Se excluyen acertadamente los predios con un avalúo inferior a 80 millones de pesos, y como el listado de proyectos cambia, ya no se cobraría a 1 millón quinientos mil predios de todos los estratos socio-económicos sino a aproximadamente 1 millón de dueños de predios. Quiero saber si ¿la capacidad de pago de esas comunidades que hoy la administración ve como sus principales aportantes realmente da para tanto? De no ser así lo único que hacemos es agravar el problema. No olvidemos que en estratos 4, 5 y 6 existe pobreza oculta y muchas veces problemas de liquidez.

Me gustaría conocer su opinión para enriquecer el debate. Se quedan por fuera temas importantes, quiero con su ayuda proponer para construir. Anímese a comentar o criticar. Se los agradezco.

___
Esta entrada fue escrita con el apoyo de Felipe Morales