Explico los puntos más importantes de las ponencias:
- Olga Victoria Rubio: pide que en acuerdos separados se derogue el
POZ Norte y se haga una reforma al Acuerdo 7 de 1987 (que es el estatuto
de valorización); apoya la simplificación de la fórmula pero pide que se
haga a través de la reforma al estatuto; no comparte la eliminación de las
fases 3 y 4; no está de acuerdo con la exclusión de predios con valor
inferior a 80 millones de pesos; no comparte que la Caracas se haga por
beneficio local sino y considera que el mantenimiento local no cabe en
valorización; aclara que excluir el grupo 2 resultaría en un detrimento
patrimonial; pregunta por qué no hubo participación ciudadana en la
escogencia de las obras; da 6 meses de plazo para la presentación de nuevo
estatuto y condiciona a ellos el POZ Norte y las fases 3 y 4; retira del
cobro los estudios, diseños y compra de predios del grupo 3 y de espacio
público del cobro actual.
- Yezid García: es el único que hace comentarios a los 5 proyectos; establece una
reducción 62.000 millones por
administración y recaudo; dice que el mantenimiento de malla vial sí
valoriza; propone modificar las compensaciones, los predios excluidos y el
plan de obras; propone sustituir la devolución de dineros por la
compensación en el marco del estatuto tributario, establece que si un
propietario tiene 2 o más predios con avalúo superior a los 80 millones
deberá pagar; propone que las Juntas de Acción Comunal no paguen y que el
énfasis de las obras esté en la construcción de los deprimidos.
- Venus Albeiro Silva: está en desacuerdo con los deprimidos de la
Caracas y propone fuentes alternativas de financiación como la nación o
los operadores; no está de acuerdo con la financiación de malla vial con
valorización; respalda la derogación de POZ Norte; respalda la fase 2 con
nuevas obras en el sur: pide 11 vías y 7 parques, según sus cálculos esto
hará que el recaudo pase de 350.000 a 550.000 millones de pesos.
- Nelly Patricia Mosquera: dice que mantenimiento vial no se debe hacer
por valorización; recuerda que la propuesta sobre espacio público solo
busca hacer los deprimidos pero no dice nada sobre el espacio público;
establece que el único ahorro real sería el retiro de POZ Norte pero pide
que se derogue con un proyecto independiente que analice la capacidad de
pago de los predios; establece que excluir las obras del grupo 2 es
detrimento patrimonial, además, acabar con fases 3 y 4 echa al traste la
expectativa que la ciudad ha construido sobre esas obras de valorización;
dice que las obras propuestas no tienen estudios ni diseños y que no
atacan los problemas que obligaron a su formulación y trámite; propone
retirar los proyectos de espacio público.
- Omar Mejía: es el único que presenta ponencia negativa; dice que excluir al
grupo 2 es detrimento patrimonial y que la gente está esperando las fases
2, 3 y 4; las obras propuestas se presentaron con presupuestos indicativos
y eso puede generar sobrecostos; no hay sustento técnico para excluir a
los predios con avalúo inferior a 80 millones y este sistema de cobro
termina por gravar doblemente la propiedad; establece que la valorización
no fue creado como un sistema de redistribución de riqueza; no se cumple
con el requisito legal de contar con la participación ciudadana; Mejía fue
ponente del POZ Norte y no puede derogarlo porque sí.}
Tienen
razón los concejales en muchas de sus opiniones, de ellas tomo atenta nota para
la discusión. Sin embargo, insisto en mis puntos que defenderé en el debate:
·
Es urgente
suspender los términos de pago en los casos anómalos, donde los cobros seas
excesivos y que tengan espacio para reclamos justos. La administración debe
garantizar una atención eficiente, clara y oportuna para los reclamantes.
·
Excluir del
presente cobro, la compra de predios de unas obras que aún no se sabe cuándo se
harán –grupo 3–, significa una reducción efectiva e inmediata del 48% del total
del recaudo. Si se decidiera por consenso esta alternativa, de los 850.000
millones que se deben cobrar la cifra quedaría en 442.000 millones, una rebaja
automática de casi la mitad de las contribuciones que hoy se cobran.
·
La reforma del
Acuerdo 7 de 1987, que es el estatuto marco que fija las reglas generales con
las que se pueden aplicar los cobros por valorización. El Acuerdo 7 es una
norma arcaica que no incluye principios constitucionales y legales de equidad
porque simplemente fue expedido antes de la Constitución de 1991 y el Estatuto
Orgánico de Bogotá.
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