Uno de los temas
más polémicos en la gestión de la actual alcaldía tiene que ver con la
construcción de vivienda. Las principales críticas cuestionan el modelo que
está implementando el gobierno Distrital con la toma de decisiones que buscan
evitar la construcción de vivienda popular en los extramuros y/o en zonas de
riesgo por inundación o de remoción en masa, priorizando la localización de
nuevos proyectos en zonas céntricas de la ciudad. Y además, por que se está
exigiendo a los constructores aportar hasta el 20% de su suelo para construir
Vivienda de Interés Prioritario, lo que se constituye en una carga urbanística
real, carga que se soporta en un marco legal que viene desde el año 1997, pero
que hasta hace un par de meses era simple letra muerta.
Imagen: Secretaría Distrital de Hábitat. Plaza de la Hoja en Puente Aranda.
Lugar donde se construirán 417 Viviendas de Interés Prioritario.
Estas disposiciones
que son apenas obvias y llegaron tarde a la ciudad, rompen con la inercia que
permitió durante décadas la acumulación de riqueza por parte de los grandes
constructores, quienes usando un suelo barato, siempre localizado en la
periferia, segregó la población más vulnerable, y con ello, restringió su
acceso a los bienes y servicios públicos. Sería injusto y exagerado decir que
este fenómeno lo generó exclusivamente el gremio constructor, estructuralmente
los problemas de la vivienda popular se deben al inadecuado y frágil diseño de las
normas nacionales y distritales, de las cuales legítimamente los constructores
han sacado provecho.
Con este panorama,
la alcaldía de Petro se comprometió a construir 70.000 viviendas en los 4 años
de su gobierno, meta ambiciosa y bien intencionada pero con pocas
probabilidades de ser cumplida. Acudiendo más al optimismo que al conocimiento
de la realidad, sin respaldarse en unas renovadas bases normativas que le
permitieran sacar adelante su proyecto, sumado a la oposición de los grandes
intereses asociados a la construcción y de los sectores políticos que les
representan, y con un suelo especialmente escaso, la auto imposición de esta meta
muestra más una visión utópica que todos queremos alcanzar, que una posibilidad
real de ser concretada.
Ese suelo es el
insumo más difícil de aportar en esa lista de actividades para lograr un
proyecto de vivienda popular, con 124.314 hectáreas de suelo rural, 1.781 de
suelo de expansión, y 37.567 de suelo urbano, estas últimas las habilitadas para
ser urbanizadas, solo quedan disponibles menos de 4000, es decir, el suelo
libre para construir prácticamente se acabó.
Emprender,
gestionar y concretar la construcción de esas 70.000 viviendas, pasa por
transformar normas complejas como el Plan de Ordenamiento Territorial o Planes
Parciales, por darle uso a predios inoficiosos o lotes de “engorde” a través de
la declaratoria de desarrollo prioritario, por hacer un quiebre institucional
en la forma en que han trabajado por décadas las entidades responsables del
tema para adaptarlas a los nuevos retos, y por ganarse el apoyo ciudadano a
través de los avances y resultados que se muestren.
Los años 2012 y
2013 fueron decisivos en la gestión de proyectos que viabilizan la construcción
de 14.407 de las 70.000 viviendas. 5.005 vienen de Planes Parciales aprobados
en administraciones anteriores, 3.573 aportadas por el gobierno nacional bajo
su programa de vivienda gratuita, 1.921 del trabajo de la Caja de Vivienda
Popular, 1.271 en proyectos privados con apoyo público, 1.000 generados en
suelo de Metrovivienda, y el número restante fundamentalmente en esos predios inoficiosos
pero de localización privilegiada. Según las cuentas de la Secretaría Distrital
de Hábitat en el 2014 se gestionarán 20.860 viviendas más, sumando así 35.267
unidades en los tres primeros años de alcaldía, lo que deja entrever que en el
2015 difícilmente se alcanzará la meta prometida.
Aunque el vaticinio
–al menos en términos cuantitativo– no da para celebrar, estoy convencida que
la gestión de este tipo de proyectos se está abordando desde una perspectiva
profunda, técnica, y responsable que a mediano y largo plazo permitirá
garantizar el derecho ciudadano de acceder a la vivienda digna.
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